Nostalgia y Equívoco
Nostalgia y equívoco son dos categorías que emplea Christian Ferrer para referirse a la Reforma Universitaria. La nostalgia, nos dice Ferrer, “es inofensiva, y se resuelve en recordatorios, discursos de aniversario y remisión a la lectura del Manifiesto liminar original. El equívoco, en cambio, está confabulado con el mito.”
El problema es que el mito se relaciona con acontecimientos prodigiosos, forma parte de las creencias de una comunidad, y se lo asume como una historia verdadera. Pero un mito también puede ser una creencia falsa. Y el problema es que las creencias no requieren demostración. Y de ahí al equívoco hay solo un paso.
A pocos días del centenario de la Reforma Universitaria, los equívocos se hacen más evidentes. Los discursos ubican el origen de todo en la docta, y en 1918, cuando el primer movimiento reformista en Argentina data de 1871; o atribuyen a la Reforma hechos que no sucedieron entonces, sino mucho tiempo después, en un contexto completamente diferente; o asumen que la autonomía universitaria es un invento de la Reforma; o promueven la práctica de la docencia libre en un contexto donde tras décadas de lucha se alcanzó la estabilidad laboral; o refieren a la Reforma sin explicar (o tal vez sin conocer) el contexto social y político en el que esta tuvo (y pudo tener) su lugar.
Lo concreto es que para intentar comprender que fue la Reforma Universitaria y evitar los equívocos, es menester conocer no solo el contexto social y político que la impulsó, sino ir más allá de esa coyuntura y conocer la historia de las universidades, que tiene más de nueve siglos.
En efecto, la Universidad de Bologna, considerada la más antigua del mundo occidental, data de 1088. Pero el documento más antiguo que se conoce, en el que se le confiere autonomía a una universidad, data de 1231 y es la bula otorgada por el papa Gregorio IX (1170-1241), a la Universidad de París (1150). Gregorio IX no era precisamente un papa progresista, sino todo lo contrario: es el mismo que estableció formalmente la Inquisición. Lo interesante es que la bula que le confiere la autonomía a la Universidad de París −si bien con dependencia directa de la autoridad papal−, es consecuencia de una huelga estudiantil que duró dos años -desde 1229 hasta 1231-, y que provocó una serie de reformas, muy importantes para la época medieval, producto de la negociación entre los estudiantes y los enviados del papa inquisidor.
En 1613, la colonización española trajo al actual territorio de la República Argentina la primera universidad, fundada por los jesuitas en Córdoba, tomando como modelo a la Universidad de Salamanca. En 1821, a cinco años de la declaración de independencia, se creó la Universidad de Buenos Aires, como universidad provincial, que a diferencia de la Universidad de Córdoba adoptó el modelo moderno de la universidad napoleónica, orientada a la formación de profesionales, y claramente separada de la Iglesia al mismo tiempo que subordinada al Estado. En 1890 el Gobernador José Gálvez (1851-1910) fundó la Universidad Provincial de Santa Fe, que será la base de la Universidad Nacional del Litoral. Y en 1905 se fundó la Universidad de La Plata.
En ese escenario, con la Ley Avellaneda como marco regulador, se produjeron entre otros, dos hechos destacables porque son los primeros reclamos de reforma: en 1871, siendo presidente Domingo Faustino Sarmiento, en la Universidad de Buenos Aires se produjo una protesta inédita para la época, cuando un estudiante de derecho, tras ser bochado varias veces se suicidó. Estudiantes −y no pocos profesores que se sumaron a la protesta−, reclamaron un trato más humano en los exámenes y producen así la primera revuelta estudiantil. En 1904, una nueva protesta consiguió introducir otra reforma: la incorporación de profesores al gobierno de la universidad, entonces a cargo de delegados del poder ejecutivo nacional.
Con estos antecedentes, y en un tiempo dramático signado por la primera guerra mundial (1914-1918) y la revolución bolchevique, y caracterizado por el crecimiento económico y el incremento de la población, fundamentalmente de clase media y proletaria, van a tener lugar una serie de cambios fundamentales en la organización política y social del país.
En 1912, con la sanción de la ley Sáenz Peña se establecieron las normas para un sufragio obligatorio, creíble y competitivo, que posibilitó que llegara a la presidencia, por primera vez, un candidato popular: Hipólito Irigoyen.
En Córdoba, tras la elección del rector, un levantamiento estudiantil toma el rectorado y declara nula la asamblea. Lo sucedido en Córdoba en ese mes de junio de 1918 son hechos conocidos y estudiados, pero aun así se atribuye a ese momento sucesos que no tuvieron lugar entonces, entre otras razones porque no era el tiempo ni el lugar −porque la Universidad de Córdoba era una corporación cerrada, el caso más extremo de elitismo, nepotismo, racismo y obsolescencia−, para la eliminación de los aranceles, la incorporación de los graduados al cogobierno, o los concursos docentes, que en la Universidad de Buenos Aires ya se habían implementado en 1858.
El Manifiesto Liminar que redacta el estudiante de derecho Deodoro Roca, refleja la cosmovisión de un grupo de jóvenes liberales, estudiantes universitarios provenientes de la burguesía urbana que aspiran a un modelo de universidad laica, y que por lo tanto confronta ideológicamente con los intereses de Iglesia Católica, y coincide con los de un Estado moderno y democrático; un modelo de universidad abierta a la incorporación de nuevos saberes e ideas, que choca frontalmente con los intereses conservadores de la Corda Frates ; un modelo de universidad que hace de la extensión de la ciencia un objetivo y una responsabilidad social; y un modelo de universidad con docencia libre y asistencia libre, solo posibles en un escenario en el que se propone literalmente la eliminación del mal profesor “al contemplar el aula desierta”, que sería la prueba, la “elocuente expresión del concepto que merece de sus alumnos.”
Este procedimiento es revelador del espíritu liberal de la Reforma. Esto no es parte del Manifiesto Liminar sino del documento que reproduce Gabriel del Mazo en la segunda edición de La Reforma Universitaria, tomo I, El Movimiento Argentino (1918-1940), editado por el Centro de Estudiantes de Ingeniería de La Plata, en 1941, con la contribución del “Centro de Estudiantes de Ingeniería de Rosario (Universidad Nacional del Litoral)”. El documento mencionado se denomina Memorial de anhelos y exposición de cargos. El Comité Pro Reforma Universitaria ante el Ministerio de Instrucción Pública y Consejo Superior de la Universidad.
En este documento se mencionan otros aspectos, incluyendo los concursos −que como anticipamos, en la Universidad de Buenos Aires databan de 1858−, o la gratuidad de la enseñanza. Al respecto es imprescindible hacer una diferenciación tanto en lo conceptual como en lo cronológico. En primer lugar el concepto de gratuidad remite a lo que no cuesta dinero, lo cual es una falacia puesto que la educación pública en la República Argentina cuesta dinero que proviene de los impuestos y no de tasas, por lo tanto el sostenimiento de la universidad lo paga el conjunto de la sociedad. La ausencia de aranceles, es una condición naturalizada en la actualidad, y que muchos atribuyen a la Reforma, pero que data de 1949, cuando el presidente Juan Domingo Perón firmó el decreto 29.337, por el que suspendió el cobro de aranceles universitarios. Si bien Perón empleaba el término gratuita cuando se refería a la educación universitaria, no es cierto que no costase dinero. No era gratuita. De hecho, dos años antes había sido sancionada una nueva ley universitaria, la 13.031, que en su Art. 107, Título VII, creaba un nuevo impuesto nacional del 2% sobre la masa salarial de todos los empleados, que debía ser pagado por el empleador, para el financiamiento de la educación universitaria, y en su Art 109, establecía que los fondos los administraba el “Instituto Nacional de las Remuneraciones-Recursos Universitarios, del Banco Central (Banco de la Nación Argentina)”. En otras palabras, cuando se eliminaron los aranceles universitarios, el costo de la “gratuidad” ya se había transferido a la sociedad, mediante la creación de un impuesto, algo que no podía haber sido posible de otro modo.
La sanción de la ley de 1947 muestra otro aspecto curioso de la Reforma de 1918, ya que la Ley Avellaneda, que era de 1885, y que establecía en su Art. 3 que la designación de profesores la hacía el Poder Ejecutivo, permaneció vigente. Y continuó así hasta 1947, cuando la nueva ley estableció –para la designación de los profesores titulares− el “concurso de méritos, aptitudes técnicas, títulos antecedentes y trabajos”, aunque reservando al Poder Ejecutivo la competencia en la designación.
Es pertinente mencionar que los graduados se incorporaron al cogobierno en 1958, en tanto los no docentes fueron habilitados en 1974, pero el golpe de estado de 1976 impidió su incorporación efectiva, que va a tener lugar en 1986.
La libertad de cátedra y la asistencia libre son conceptos reformistas que deben entenderse en referencia al contexto: en 1918 la Argentina estaba entre la decena de países más ricos del mundo, pero aun así la incipiente clase media no accedía a la universidad, y mucho menos el proletariado. Y si bien las cuatro universidades existentes en 1918 habían crecido en forma exponencial en oferta disciplinar y cantidad de alumnos y profesores, la Reforma disparó la expansión del sistema: en 1919 se creó la Universidad Nacional del Litoral, a partir de la Universidad Provincial de Santa Fe. En 1920 se creó la carrera de ingeniería civil en Rosario, y en 1923, la carrera de arquitectura , como respuesta a la demanda de profesionales ingenieros civiles y arquitectos en una ciudad cuya infraestructura productiva y residencial crecía tan vertiginosamente como su población, pero −como sosteníamos anteriormente−, la concepción liberal de los reformistas estaba condicionada por los regímenes laborales de la época, cuando no existía la estabilidad, ni ninguna de las leyes que actualmente reconocen los derechos y resguardan los intereses de los trabajadores. Mientras el proletariado de principios del siglo XX creía en el comunismo, la burguesía creía en el capitalismo, en el progreso infinito, y en otro mito: el de la libre competencia. De ahí que en un contexto como el de la Universidad de Córdoba, anquilosada, encerrada sobre sí misma, y dominada por el pensamiento conservador y el poder de la Corda Frates, la sustitución o la “eliminación del mal profesor” en función de la demanda era considerada como la única forma de garantizar que solo enseñen los mejores, pero remite claramente a los sistemas de contratación que tienen las universidades de gestión privada, donde la estabilidad laboral que otorga el concurso y la carrera docente es desconocida. En cualquier caso, el debate contemporáneo debe hacerse en base a conciliar este principio reformista de la competencia −en sentido de acreditar competencia− con las condiciones en que el profesorado se forma y actualiza, y accede y revalida sus cargos.
Todo lo demás, equívocos incluidos, es como sostiene Christian Ferrer, materia de historiadores y creyentes. Disección y formol.
Sergio Bertozzi, mayo 2018
Christian Ferrer es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, e investigador independiente del Instituto de Investigación Gino Germani (UBA).
Christian Ferrer. Erratas. Reforma Universitaria y acción política. En El Manifiesto Liminar. Legado y debates contemporáneos. Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 2013
La autonomía es un concepto político: un ente autónomo sanciona la norma que lo rige y dispone su organización, y en el caso de la Universidad de París, la normativa originaria, los estatutos, le fueron otorgados por Gregorio IX. En este caso -prototipo de la universidad medieval-, sería más exacto hablar de autarquía. La autarquía es un concepto netamente administrativo. Es la atribución que tiene un ente para administrarse a sí mismo conforme la norma que lo rige, pero que le es dada. La tendencia a la autonomía se manifiesta en la universidad de París a través de los permanentes conflictos de poder que la enfrenta con la autoridad papal, con respecto a las cuestiones académicas, como los derivados de la enseñanza de Aristóteles. En efecto, el sínodo de Sens, celebrado en París en 1210, había prohibido la enseñanza de Aristóteles. En 1215, durante la reorganización de los estudios, la prohibición fue renovada, pero las obras aristotélicas continuaron siendo leídas porque en 1228 Gregorio IX acusó a los teólogos de la universidad de París de haber sobrepasado los límites establecidos por la iglesia. Y en 1231 prohibió expresamente la lectura de la Física de Aristóteles. Paradójicamente, ese mismo año Gregorio IX concedió a los maestros y profesores la bula Parens Scientiarum, considerada como el primer reconocimiento oficial de la autonomía académica. Todo esto demuestra que el espíritu renovador de la universidad medieval, permanentemente enfrentado con las prácticas conservadoras de la iglesia, no podía ser reducido, y que la tendencia a la autonomía constituye un rasgo inherente al origen mismo de la universidad, tendencia que, por otra parte, era una característica de los gremios medievales.
El estudiante se llamaba Roberto Sánchez, era sanjuanino, y tenía 20 años. El 12 de diciembre de 1871, tras reprobar su examen de Derecho Romano, se suicida. Los relatos de la época, evidencian una dosis de fatalismo propia del romanticismo, que llevaron a Sánchez a tomar esa decisión. El entierro, al día siguiente, congregó una cantidad inusitada de estudiantes, fundamentalmente de la carrera de Derecho, y se convirtió en la primera protesta masiva.
La Corda Frates era una hermandad católica semi secreta de profesores universitarios y políticos que poseía influencia y poder en los gobiernos provincial y municipal, la iglesia, la universidad y la prensa de Córdoba.
La primera edición de esta obra es de 1926-1927 a cargo del Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Disponible on-line en: https://libros.unlp.edu.ar/index.php/unlp/catalog/book/439
Ley 13031, Título III, Art. 46
La carrera de arquitectura se crea por iniciativa de profesores de la carrera de ingeniería civil, dentro de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional del Litoral, actual Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario.
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